Recientemente, la justicia falló contra Walmart Chile al considerar ilegal el cargo creado de “operador de tienda”, puesto que supondría asignar responsabilidades múltiples a un mismo trabajador por labores que “no comparten la misma naturaleza”. La empresa, por su parte, ha señalado que ello responde a una interpretación anticuada del funcionamiento del mercado supermercadista que no se adapta a los requerimientos actuales, postura que fue declarada admisible y los antecedentes fueron remitidos a la Corte de Apelaciones, vía recurso de nulidad.
El resultado de este proceso judicial es de alto interés para un mundo laboral cuya transformación ha sido vertiginosa, particularmente en el retail. Si bien el Código del Trabajo admite adecuaciones de labores y el pacto de distintas funciones, éstas no pueden ir en menoscabo del trabajador, por ejemplo, en materia de remuneraciones y de seguridad. En este caso, la tesis del Tribunal en cuanto a que sólo se pueden convenir labores similares y específicas pone en jaque a un sinnúmero de empresas que, por razones económicas e incluso sanitarias, han debido hacer adecuaciones en sus contratos de trabajo para mantenerse en pie.
La evolución de la industria da cuenta de que no se puede perpetuar la forma de operar de los trabajadores cuando el mercado es cambiante.
Tal como ocurre con muchas normativas cuyo espíritu es proteger a alguna de las partes -en este caso, a los trabajadores-, lo cierto es que pueden volvérseles en contra. La evolución de la industria, con una creciente proporción de ventas online y la automatización de procesos –como los cajeros en los supermercados– da cuenta de que no se puede perpetuar la forma de operar de los trabajadores cuando el mercado es cambiante.
Otra complejidad del fallo es que pudiera revivir el proyecto de ley que prohíbe la polifuncionalidad, el cual es una lápida a la pequeña y mediana empresa. Iniciativas como éstas podrían desalentar aún más la contratación de trabajadores en un mercado laboral ya suficientemente golpeado por la debilidad económica.
La regulación debe, pues, apuntar a lograr una necesaria adaptabilidad y reconversión laboral, sin que eso implique un menoscabo a los trabajadores, la que evitará despidos masivos y la amenaza de una acelerada automatización en reemplazo de los recursos humanos.